Santo Domingo
En 17 numerales del artículo 80, la ley 41-08, de función pública, contiene un régimen de conductas prohibidas a los servidores públicos mientras desempeñen sus funciones, las cuales están consideradas en la misma legislación como faltas disciplinarias.
Dos de esas conductas vedadas están vinculadas al ámbito político partidario, por lo que la comisión en la actual coyuntura adquiere relevancia y trascendencia pública, dado a que el país está en un año preelectoral, con miras a las elecciones a celebrarse en el 2024.
En el numeral 13 del artículo 80 de la ley de función pública se prohíbe a los servidores públicos servir a intereses de partidos políticos mientras desempeñen el cargo y a su vez organizar actividades políticas, hacer pronunciamientos partidistas, repartir propagandas y usar bienes y fondos de la institución.
Textualmente, se prohíbe “Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución;”
La prohibición del numeral 14 consiste en obligar a los empleados de menor jerarquía a participar en actos políticos, siéndole vedado “Requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros;”.
La ley también contempla un régimen disciplinario por violación de las conductas prohibidas, que establece las sanciones correspondientes a cada falta.
Las faltas están clasificadas en tres categorías, de primero, segundo y tercer grado, con sanciones de amonestación escrita, suspensión por 90 días sin disfrute de sueldo y la destitución del servicio.
La realización de actividades partidistas, al igual que solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines políticos en los lugares de trabajo, constituyen faltas de segundo grado, sancionadas por la norma legal con la suspensión en el servicio por un período de 90 días, sin salario.
Cuando la falta es de segundo grado, la facultad para imponerla corresponde al titular del órgano o entidad a la cual pertenece el servidor público.
El 8 de mayo, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dispuso la suspensión inmediata de la directora provincial de Salud de Barahona, Thelma Batista, luego de divulgarse un audio en el que la funcionaria amenazaba con cancelar a las empleadas que no asistieran a una actividad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Distrito Nacional.
Deberes
Uno de los deberes de los servidores públicos que consigna la ley, en el artículo 79, es el de “actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por igual a quien la ley señale, sin discriminaciones político partidista, de género, religiosas, étnicas o de otro tipo…”,
Ética y disciplina
La ley 41-08 señala, en el artículo 79, que “el régimen ético y disciplinario de los servidores públicos, sin importar la naturaleza de su vínculo funcionarial, está dirigido a fomentar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos y el sentido de pertenencia institucional, a fin de promover el cumplimiento del bien común, el interés general y preservar la moral pública”.
