Santo Domingo
La Dirección General de Aduanas (DGA) se reunió ayer con una comisión especial de diputados y propuso que los bienes ilícitos que lleguen a la entidad sean administrados por la institución y no por un nuevo organismo que pretenden crear los legisladores para manejar los bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio.
Según el diputado Elías Báez, presidente de la comisión especial que estudia el proyecto, la DGA explicó al equipo de congresistas que la nueva ley 168-21 crea un régimen especial para que Aduanas sea quien administre los bienes producto del contrabando y otros delitos.
Con esto, la institución de control aduanero se refiere al artículo 18 de la referida ley que da atribuciones a la DGA y que detalla que la entidad está facultada para retener mercancías cuando haya evidencia comprobada de un delito o falta y para iniciar las diligencias judiciales correspondientes.
También, el artículo 19 de la normativa establece un control aduanero encargado del análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación, evaluación y la aplicación de procedimientos legales relativos a la entrada y salida de mercancía.
En ese sentido, el diputado Báez manifestó que la comisión que dirige analizará las posturas congresuales e institucionales para determinar cómo se manejará este punto en la nueva ley propuesta por el Poder Ejecutivo.
Báez explicó que, en los delitos de contrabando que son más vistos en la DGA, es el Ministerio Público quien debe actuar reteniendo el patrimonio hasta que un juez homologue y emita una condena que permita enviar los bienes al nuevo Instituto Nacional de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
Trabajos en comisión
El diputado Báez aseguró que el equipo que dirige seguirá escuchando opiniones de instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio de Hacienda para continuar fortaleciendo algunos puntos del proyecto que ya fue aprobado en el Senado.
Asimismo, la comisión se reunirá con el Ministerio de Medio Ambiente para debatir sobre el tratamiento de los camiones que extraigan arena de manera irregular y establecerlo como un delito con el que el patrimonio quedaría decomisado y administrado por una institución estatal.
Proyecto en curso
El proyecto de ley sobre bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio contempla que la Oficina de Custodia de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Ocabid) sea suprimida y sustituida por una nueva entidad. Se trata del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) al que le serían transferidos los activos y pasivos de la Ocabid, así como su personal.
El Incabide sería un ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio adscrito al Ministerio de Hacienda.
La iniciativa dispone la creación de un Fondo Especial de Bienes Decomisados y Extinguidos (Febid) que estaría bajo la administración del Incabide y se fundamentaría en los dineros extinguidos o decomisados, los dineros resultantes de las ventas de los bienes extinguidos o decomisados, los dineros resultantes de ventas anticipadas de bienes que posteriormente hayan resultado extinguidos o decomisados.
