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José Dantés responde carta de Gobierno sobre lobista de Donald Guerrero

Santo Domingo
El secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, respondió este viernes a la carta enviada por el Gobierno a Diario Libre en la que expone que la contratación de un lobista por el imputado por corrupción y exministro de Hacienda, Donald Guerrero, es un intento de éste para desestabilizar el orden institucional y atacar la figura del presidente Luis Abinader y las procuradoras Miriam Germán y Yeni Berenice Reynoso.

Dantés utilizó su cuenta en la red Twitter para expresar su desacuerdo con las declaraciones del vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, al punto de expresar que la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) que dirige «manipula» la opinión pública y que es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que «desestabiliza» el país.

«Si hay alguien en este país que tiene a su cargo manipular la opinión pública es Diecom. Y si hay alguien que ha desestabilizado el orden institucional y la separación de poderes es el gobierno, cuya posición oficial -con esa carta- reconoce que ha judicializado la política», manifestó.

A su vez, sostuvo, así como hace cinco años que el hoy partido oficialista contrató a un lobista para escribir artículos en contra de la República Dominicana.

«Cuando contrataron a Roger Noriega como lobista desde 2015 para escribir artículos y declaraciones de la extrema derecha republicana en contra de RD, eso sí que no era desestabilizar el orden institucional. Ya en el gobierno, lo premian con contrato de más de US$600 mil en noviembre 2020», tuiteó Dantés.

Roger Francisco Noriega es un diplomático estadounidense que se desempeñó como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante la presidencia de George W. Bush.

Durante la campaña electoral se había referido en Twitter y en medios estadounidenses sobre las fallidas elecciones municipales de febrero de 2020 y faltando un mes para las elecciones presidenciales manifestó que Luis Abinader fomentaría una asociación mutuamente respetuosa con Estados Unidos.

Para noviembre de 2020 el portal www.foreignlobby.com difundió que el gobierno dominicano habría firmado un contrato de cabildeo con Roger Noriega, por un monto de 600 mil dólares con el objetivo de consolidar las relaciones entre República Dominicana y los Estados Unidos.

Lobista de Donald Guerrero
Diario Libre reveló este jueves que el principal acusado en la investigación del Ministerio Público denominada Operación Calamar, contrató a la empresa estadounidense Liberty International Group LLC, del excongresista republicano Connie Mack.

El objetivo sería elevar hasta Washington las quejas «del tratamiento» contra el exfuncionario y empresario con importantes intereses en Puerto Rico, territorio estadounidense.

El acuerdo para actuar en favor de Guerrero fue firmado por las empresas Axis Holdings, radicada en Puerto Rico en representación de Guerrero, y Liberty International Group LLC.

En sus acciones de lobismo, Mack dirigió el 13 de junio de este año una carta a Isiah Parnell, actual encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, en la que gestiona una cita con Parnell para discutir «el arresto y la detención ilegal» de Donald Guerrero.

La carta a Parnell incluye copias a tres altos funcionarios del Departamento de Estado: a Brian Nichols, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; Todd Robinson, subsecretario de la oficina de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley; y Katherine M.R. Beaber, directora de la oficina de asuntos del Caribe. También a la administradora de la USAID para América Latina y el Caribe, Marcela Escobari y al jefe de misión actuante de la embajada de los Estados Unidos, Alexander Titolo.

En la misiva, el lobista Connie Mack alega que Donald Guerrero se encuentra detenido por una investigación «donde no se ha presentado evidencia de corrupción».

En la misiva enviada a Parnell, Connie Mack dice que en el caso de Donald Guerrero «el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados».

Arguye que «la mayoría de los líderes de su partido de oposición ahora estén presos o bajo amenaza de prisión». Además, que es sospechoso que «el término de 18 meses de prisión preventiva venza poco después de las elecciones del próximo año (2024), apartando a sus opositores de cualquier actividad política hasta ese momento».

En cuanto al Ministerio Público, el lobista acusa específicamente a la procuradora adjunta, Yeni Berenice. «Es evidente que no solo ha abusado de su cargo; sino que ha convertido a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en un arma política», indica el político que se dedica a influir en favor de otros.

«Como residente permanente (de los Estados Unidos) y hombre de negocios exitoso con una reputación impecable en los Estados Unidos, es su derecho buscar asesoría y asegurarse de que la administración de Biden esté al tanto de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de derechos humanos en su caso».

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